Publicado el 04/06/2025 por Administrador
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La tensión política en Bolivia ha escalado a nuevos niveles luego de que el presidente Luis Arce acusara públicamente a su antecesor y antiguo aliado, Evo Morales, de promover cercos a ciudades e impedir el paso de alimentos con el fin de forzar su habilitación como candidato presidencial para las elecciones de agosto de 2025.
Según Arce, Morales estaría utilizando a sus bases movilizadas para presionar al Tribunal Supremo Electoral y así revertir su inhabilitación legal, dictada con base en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que limita la reelección continua a una sola vez. “Está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de comida para lograr su candidatura por la fuerza”, denunció el mandatario en un mensaje difundido por redes sociales.
El presidente también advirtió que Morales busca su renuncia y la de su gabinete como parte de un plan que calificó de “ruptura del orden constitucional”, motivado —dijo— por “ambiciones enfermizas de poder”. Esta confrontación entre ambos líderes se produce dentro de un Movimiento al Socialismo (MAS) fracturado, que enfrenta una lucha interna por el liderazgo del partido.
Las protestas iniciadas en regiones del centro del país como Cochabamba se han extendido rápidamente a ciudades clave como Santa Cruz y Sucre. Los bloqueos, organizados por sectores afines a Morales, han derivado en desabastecimiento de productos básicos y combustibles, provocando malestar entre la población civil y el sector comercial.
Uno de los episodios más violentos se registró en Cochabamba, donde manifestantes emboscaron a un contingente policial. El enfrentamiento dejó al menos trece agentes heridos y quince personas detenidas. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, advirtió que no se descarta una intervención del Ejército si las condiciones se agravan.
Evo Morales ha defendido su derecho a ser candidato, argumentando que el fallo que lo inhabilita es producto de una “persecución política”. En varias entrevistas ha reiterado que su retorno a la presidencia es una demanda de las bases sociales, aunque ha evitado pronunciarse directamente sobre los bloqueos.
La comunidad internacional observa con preocupación esta nueva fase de inestabilidad boliviana, que combina un conflicto legal sobre la reelección con un deterioro social alimentado por movilizaciones, escasez y tensiones en aumento.
Mientras Arce insiste en mantener el calendario electoral y preservar la institucionalidad, Morales parece decidido a volver a la arena política con el apoyo de sus seguidores, incluso si eso significa arrastrar al país a una crisis de gobernabilidad.
