Publicado el 11/06/2025 por Administrador
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Un grupo de mujeres que sobrevivieron a los abusos cometidos durante el franquismo en España alzó su voz con fuerza en Madrid para reclamar justicia. Ellas, víctimas de reclusión forzada, maltrato físico y psicológico en los centros del antiguo Patronato de Protección a la Mujer, interrumpieron un acto de disculpas públicas organizado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), dejando en claro que las palabras no son suficientes ante el horror vivido.
El Patronato, que operó entre 1941 y 1985, fue una institución que confinó a miles de jóvenes por motivos morales o ideológicos: ser madres solteras, víctimas de violencia sexual o simplemente por desobedecer los estándares de conducta impuestos por la dictadura. Allí, muchas mujeres sufrieron violaciones, castigos físicos, aislamiento, trabajos forzados y hasta la separación de sus hijos, algunos entregados en adopciones forzosas sin su consentimiento.
Durante el acto celebrado el lunes 10 de junio, las supervivientes desplegaron pancartas con mensajes como “Ni perdón ni olvido”, “No queremos gestos, queremos justicia” y “Nos quitaron la juventud, la maternidad y la dignidad”. Su intervención buscó visibilizar el vacío que persiste en el reconocimiento institucional y legal de estas víctimas, incluso bajo la actual Ley de Memoria Democrática.
La activista y ex interna Consuelo García del Cid, una de las caras visibles de esta lucha, reprochó la falta de medidas concretas: “No basta con que una congregación religiosa diga que lo siente. Queremos archivos abiertos, responsables identificados y reparación económica. Nos deben la verdad”.
Las mujeres denunciaron que, además de las torturas físicas, fueron sometidas a vejaciones sexuales, castigos con electroshocks, aislamiento prolongado y adoctrinamiento religioso obligatorio. A muchas se les cambió el nombre, se les impidió estudiar o formar una familia, y sus hijos fueron robados y entregados a familias afines al régimen.
Aunque la CONFER reconoció públicamente los abusos y expresó su “más profundo pesar”, las víctimas consideran que no hubo compromiso alguno con procesos de reparación tangibles. Tampoco hubo ofrecimiento de colaboración para abrir archivos ni asistencia para localizar a hijos desaparecidos.
Desde el Ministerio de Memoria Democrática, se anunció la intención de organizar un acto oficial de reconocimiento estatal en los próximos meses. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre posibles medidas reparatorias, lo que ha generado escepticismo entre las afectadas.
La demanda de las mujeres se centra en tres pilares: justicia, verdad y reparación. No buscan solo un acto simbólico, sino medidas claras como indemnizaciones, acceso a los archivos del Patronato y la transformación de los antiguos centros en lugares de memoria que expliquen lo que allí ocurrió.
Colectivos de derechos humanos y memoria histórica han respaldado sus exigencias. Irídia, Amnistía Internacional y otras organizaciones han pedido al Estado español que cumpla con los estándares internacionales de justicia transicional, recordando que la violencia contra las mujeres en contextos dictatoriales no prescribe ni debe quedar impune.
El paso del tiempo juega en contra. Muchas de las víctimas superan los 70 años y temen morir sin ver justicia. “No queremos morir en el olvido, ni con homenajes vacíos. Queremos que España reconozca lo que hizo con nosotras”, reclamó otra de las sobrevivientes.
Lo que ocurrió en Madrid fue más que una protesta: fue un grito colectivo que busca reescribir la historia silenciada. Las mujeres que vivieron el infierno franquista exigen que su dolor no sea decorado con discursos, sino transformado en acción reparadora.
